Historia de la Asistencia Legal
A finales de 1800 y durante los primeros años del siglo 20, la profesión legal Americana expreso su compromiso hacia el concepto de asistencia legal gratuita para toda persona pobre. Esta asistencia fue dada en forma de sociedades de asistencia legal y asociaciones de abogados pertenecientes a comités de asistencia legal. Desde 1964, el gobierno de los Estados Unidos ha respaldado su compromiso de “igualdad de justicia bajo la ley” proporcionando fondos federales a la asistencia legal civil para personas de bajos recursos.
Actualmente, la asignación federal de $329* millones representa menos de la mitad de los recursos dedicados a servicios legales civiles en los Estados Unidos. El sistema de derecho civil gubernamental, propio de cada uno de los 50 estados del país depende de diferentes fuentes de financiamiento en los que se incluyen recursos del gobierno nacional, estatal y local, el Interest on Lawyers Trust Account (IOLTA), fundaciones, honorarios de abogados y material de abogados privados.
Al principio de este nuevo siglo la justicia para todos aun no es una realidad en América. No obstante, la reciente ronda de recortes de financiamiento federal y restricciones, ha inducido a propuestas nuevas y creativas, aliados nuevos y enérgicos y nuevas fuentes de financiamiento que nos permiten proporcionar a las personas de bajos recursos toda la información y asistencia necesaria para tratar sus problemas legales y promover su interés legal. Este desarrollo nos permite visualizar un siglo 21 en el cual podremos alcanzar la promesa de igualdad de justicia en América.
El principio de los Programas de Asistencia Legal
La asistencia legal civil para las personas de bajos recursos en los Estados Unidos inició en 1876, cuando la German Society of New York fundó una organización para proteger a los inmigrantes Alemanes en contra de explotación. La protección proporcionada por la agencia se extendió subsecuentemente, y en 1890 se convirtió en la Legal Aid Society of New York. En 1888, la Ethical Culture Society of Chicago dio inicio al Departamento de Justicia, la primera agencia que ofrecía asistencia legal a todo individuo, sin importar su nacionalidad, raza o sexo. Otras municipalidades siguieron el ejemplo y en las primeras décadas del siglo 20, la mayoría de las ciudades principales contaban con nuevas oficinas de asistencia legal.
El concepto de proveer asistencia legal gratuita para las personas de bajos recursos fue promovido en 1919 por la publicación “Justicia y la Pobreza” de Reginald Heber Smith. Smith convocaba a la profesión legal a considerar obligatorio el asegurarse que el acceso a la justicia fuera para todos, sin considerar la habilidad de pago. Escribió: “Sin igualdad de acceso a la ley”, “El sistema no solo le roba al pobre su propia protección; sino que a su vez coloca en las manos opresoras el arma más poderosa y despiadada jamás inventada”-.
Los libros de Smith causaron un gran impacto en la profesión legal. A principios de 1920, la American Bar Association creó un Comité Especial de Trabajo en Asistencia Legal, y recomendó que cada asociación de abogados creara tal comité. A mediados del siglo 20, virtualmente cada área metropolitana principal contaba con alguna clase de programa de asistencia legal. Algunas pertenecían a asociaciones de abogados y dependían principalmente en el tiempo donado por los abogados, otras eran manejadas por facultades de derecho, agencias sociales o municipalidades que contaban con personal remunerado y algunas eran organizaciones privadas sin fines de lucro.
Este fragmentado sistema de asistencia legal no logró cubrir las necesidades de las personas de bajos recursos. Se estima que se alcanzó menos del uno por ciento de aquellas personas en necesidad. Varias áreas del país no contaban con esta clase de programas en absoluto y en donde existía la asistencia legal, los recursos eran tan escasos que el servicio se tornaba limitado y usualmente superficial. La asistencia legal era vista como una forma de caridad y se negaba el servicio a toda aquella persona que no lograba ser considerada como “merecedora del servicio”. Los servicios legales se proporcionaban únicamente de una manera individual, sin ninguna intención de tratar los problemas fundamentales de la pobreza.
A principios de 1960 emergió un nuevo modelo de servicio legal. Fundaciones como la Fundación Ford en particular, empezaron a financiar programas de servicios legales ubicándolos en agencias de servicios sociales múltiples, basándose en una filosofía que mantenía que los servicios legales debían de ser utilizados como elemento para un esfuerzo en conjunto contra la pobreza. Servicios legales como la Movilization for Youth en Nueva York, Action for Boston Community Development, La Legal Assistance Association en New Haven y la United Planning Organization, en Washington, fueron algunos de los primeros de este tipo.
En 1964, el U.S. Department of Health, Education and Welfare, sostuvo una conferencia acerca de la Extensión de Servicios Legales hacia las personas de bajos recursos. El Ministro de Justicia, Nicholas de B. Katzenbach marcó la pauta para la conferencia. Mientras reconocía el largo y ferviente servicio de las sociedades de servicio legal, convoco a “nuevas técnicas, nuevos servicios y nuevas formas de cooperación entre profesionales…para analizar los derechos de quienes reciben asistencia social, los derechos de los compradores con pagos en cuotas, de la gente afectada por barrios bajos, crimen y desesperación”. “Existen signos también”, constato, “que una nueva raza de abogados está emergiendo, dedicada a utilizar la ley como un instrumento de cambio social disciplinado y constructivo”.
Aprendiendo del pasado, enfocándonos hacia el futuro
A través de la historia de este movimiento, los programas de servicios legales han proporcionado asistencia a millones de personas de bajos recursos. Quienes abogan por la asistencia legal, han ayudado a la niñez a obtener acceso a cuidados médicos, educación, entrenamiento y mejores condiciones de vida. Han ayudado a madres de bajos recursos a obtener el derecho a manutención por parte de los padres ausentes. Han ayudado a quienes reciben asistencia social el derecho a guarderías, capacitación laboral y empleo. Han ayudado a trabajadores agrícolas y trabajadores de bajos ingresos a mejorar condiciones peligrosas e insalubres de trabajo, y a obtener los sueldos a los que tienen derecho legalmente. Han ayudado a personas de mayor edad a mantener su independencia; han ayudado a los residentes a mejorar sus vecindarios decimados por el crimen, desempleo y pobreza, mediante iniciativas de desarrollo económico y micro empresas.
Los servicios legales ha cambiado fundamentalmente la forma en la que estas instituciones se relacionan con la pobreza, han posibilitado la unión esencial del gobierno con los programas privados y sus beneficiarios, y han trabajado para asegurar que los programas diseñados para beneficiar a las personas de bajos recursos cumplan su función. Los servicios legales han creado un sistema de justicia más receptivo hacia las necesidades de las personas afectadas por la pobreza, han introducido a millones de abogados privados al sistema de asistencia legal civil en donde prestan sus servicios gratuitamente, y Han producido generaciones de abogados expertos en el tema de la pobreza como problema social, de los cuales, algunos permanecen como parte del servicio legal mientras que otros han decidido servir como profesores de ley, jueces, formar parte de la Corte Suprema de Justicia estatal, ejecutivos del gobierno u oficiales electos del estado, en niveles locales y nacionales.
Nos deparan varios desafíos; las circunstancias para varios americanos con bajos ingresos han cambiado drásticamente. La reforma federal de asistencia social establecida en 1996 ha causado varios cambios radicales en los programas de asistencia social constituidos desde 1935. Ha eliminado derechos federales críticos, derechos legales a ayuda financiera, servicios de salud y servicios de cuidado infantil. Con este cambio, el estado puede ahora intervenir en temas de políticas sociales que durante los últimos 60 años habían sido de acceso único para políticas y programas federales. La lista de personas recibiendo asistencia pública ha disminuido dramáticamente, pero sin embargo, existen algunos cuantos mecanismos para proteger a aquellos quienes ya no reciben beneficios públicos. Actualmente los requisitos de participación laboral, plazos, y nuevas oportunidades de acceso a cuidado infantil y salud pública, están dando una nueva forma a los requisitos legales de las personas de bajos ingresos. Mientras el estado continúe interviniendo en decisiones clave en cuanto a quien puede recibir asistencia, de qué forma y bajo qué condiciones, las necesidades de esta población como conjunto también se verán afectadas.
Los proveedores de servicios legales enfrentan similares y significantes desafíos. Los recursos disponibles para asistencia legal son deplorables e inadecuados para cubrir sus necesidades. Algunos estados decidieron desarrollar fuentes de fondos no pertenecientes a la Comunidad de Servicios Legales, incluyendo asignaciones directas del estado legislativo, causando solamente el aumento de disparidad de recursos entre los estados. El Interest on Lawyers Trust Account (IOLTA), una de las fuentes más importantes de fondos no pertenecientes a CLS, se encuentra en riesgo a causa de la decisión tomada en 1998 por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el caso Phillips vs. La Fundación Legal de Washington. Mientras que el sistema de asistencia legal se torna más diverso, es esencial aumentar la coordinación y evitar la fragmentación del sistema. Nuevas tecnologías ofrecen un potencial cambio en la forma en que se proporcionan los servicios legales, así como la oportunidad de mejorar las circunstancias en las que viven las personas de bajos ingresos. Durante la última cuarta parte del siglo 20, varios integrantes de la comunidad de servicios legales acogieron la visión de un financiamiento federal sin restricciones para la Legal Aid Corporation y sus beneficiarios, considerando esta visión como la mejor forma de cumplir con la promesa de igualdad de justicia. La amenaza vista en 1995-96 contra el financiamiento federal, el posterior recorte a un 30 por ciento y nuevas restricciones, dio lugar al desarrollo de una visión más compleja y determinada a cumplir la meta a como diera lugar. Es necesario combinar el continuo compromiso nacional con el financiamiento federal para así crear en cada estado sistemas de asistencia legal con cobertura estatal, completa e integral.
Estos sistemas estatales recientemente constituidos, incorporaran los esfuerzos de todo aquel posible participante y recurso, considerando a todo integrante como socio de igual nivel. Esta será una comunidad de abogados que compartirá la responsabilidad para asegurar la existencia de la igualdad de justicia. Una comunidad que incluirá no solo programas de servicios legales, sino abogacía privada, grupos de apoyo y que otorgara a las personas de bajos recursos el conocimiento necesario para abogar por ellos mismos. Los líderes integrantes del movimiento por la igualdad de justicia de cada estado compartirán la responsabilidad de proveer asistencia legal efectiva, no solo en sus programas locales o comunidades, sino también a lo largo del estado al que pertenecen. La energía y determinación que caracteriza a los defensores de la igualdad de justicia de este siglo, asegurara el éxito continuo en el desarrollo de este capítulo en la historia de los servicios legales en América.
*$420 millones en el año 2010
Un extracto de la “Historia de la Asistencia Legal Civil” perteneciente a la Asociación de Defensores y Asistencia Legal Nacional
Fuentes de Información
Legal Services Corporation
Arizona Community Action Association, Inc.
Arizona foundation for Legal Services & Education
Center for Law and Social Policy
National Center on Poverty Law
National Legal Aid & Defenders Association
